En las últimas horas, la actriz y el ex ministro Julio De Vido fueron imputados por la utilización de fondos públicos, 36 millones de pesos, para la grabación de una novela que nunca salió al aire y, además, ya fueron allanadas las oficinas de la productora, el Ministerio del Interior y la Universidad de San Martín para investigar supuestas irregularidades en la compra de equipamientos cinematográficos.