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Durísimo revés judicial para Martín Migueles: la Justicia le prohibió acercarse a Mauro Icardi tras una denuncia por amenazas

La Justicia de Tigre dictó una contundente medida cautelar contra la pareja de Wanda Nara, en medio del conflicto con el futbolista. Todos los detalles.

Un nuevo capítulo judicial sacude el conflicto que involucra a Mauro Icardi, Wanda Nara y Martín Migueles. Este viernes 20 de noviembre, la Justicia de Tigre resolvió imponer una serie de medidas cautelares contra la actual pareja de la conductora, en el marco de una investigación por presuntas amenazas denunciadas por el futbolista.

Según consta en el documento judicial al que accedió PrimiciasYa.com, el juez Orlando Abel Díaz, titular del Juzgado de Garantías N.º 2 de Tigre, hizo lugar al pedido presentado por Icardi y su abogado, Norberto Francisco Oneto.

La resolución se produjo en el expediente PP-14-08-002781-26/00, caratulado "Migueles, Martín s/Amenazas", con intervención de la U.F.I. Distrito Benavídez.

El magistrado dispuso que Migueles no podrá acercarse al futbolista ni mantener contacto con él por ningún medio, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia.

La contundente decisión judicial contra Martín Migueles

En el escrito, fechado el 20 de noviembre de 2026, el juez estableció tres restricciones concretas para Martín Migueles. En primer lugar, le prohibió acercarse a menos de 100 metros de Mauro Icardi.

Además, dispuso una restricción de acercamiento a menos de 300 metros del domicilio del futbolista en Nordelta, partido de Tigre, así como de cualquier otro lugar donde pudiera encontrarse o establecer su residencia.

Por último, ordenó que Migueles no mantenga ningún tipo de contacto con Icardi, ya sea personalmente, por teléfono, mensajería instantánea, redes sociales o a través de terceros.

Las medidas tendrán una vigencia de 45 días corridos, contados desde la notificación efectiva al denunciado.

El documento también advierte que, si Migueles incumple alguna de estas disposiciones, podrá incurrir en el delito de desobediencia, previsto en el artículo 239 del Código Penal.

El dato clave: la Justicia había rechazado anteriormente el pedido de Icardi

Uno de los puntos más importantes de la resolución es que el propio magistrado reconoció que anteriormente había rechazado una solicitud de prohibición de acercamiento contra Migueles.

Ese primer rechazo se había producido el 17 de noviembre.

Sin embargo, después de analizar nuevas actuaciones incorporadas al expediente, el juez consideró que las circunstancias habían cambiado y que correspondía adoptar medidas preventivas.

En ese sentido, el escrito judicial señala que existían elementos para considerar, de manera preliminar, una presunta responsabilidad del denunciado y que resultaba necesario intervenir para evitar la repetición de los episodios relatados por Icardi.

Entre las actuaciones mencionadas figuran declaraciones testimoniales incorporadas los días 17 y 18 de noviembre y una presentación electrónica del 19 de noviembre.

La resolución también deja constancia de que a Martín Migueles se le atribuye la presunta comisión del delito de amenazas, contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal.

Se trata de una investigación en curso y de una decisión preventiva, que no constituye una condena ni determina de manera definitiva la responsabilidad penal del denunciado.

Un nuevo frente judicial en medio de la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La medida cautelar representa un nuevo episodio en el enfrentamiento que mantiene a Mauro Icardi y Wanda Nara en el centro de la escena mediática y judicial.

Esta vez, la resolución alcanza directamente a Martín Migueles, pareja de la conductora, quien deberá cumplir las restricciones establecidas por el magistrado.

El juez ordenó notificar lo resuelto al fiscal interviniente, a Icardi por intermedio de su abogado, a la defensora oficial y al propio Migueles.

De esta manera, el conflicto suma una nueva decisión judicial que impone límites concretos al contacto entre Migueles e Icardi, mientras continúa la investigación por las presuntas amenazas.

La nota está basada en la resolución judicial del 20 de noviembre de 2026, firmada por el juez Orlando Abel Díaz. El documento establece las restricciones, pero no acredita una condena ni describe en detalle los hechos denunciados.